Atenco: terrorismo de estado e impunidad

La llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República de Mexico abrió en el 2000, entre otros temas, la discusión sobre la necesidad de la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México bajo el argumento de que el existente no contaba con la capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y usuarios. El 22 de octubre del 2001 el gobierno federal decidió que la construcción sería en zona del Valle de México y para ello se expropiaron más de 5000 hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, el más afectado, provocando el inicio de un conflicto entre el Gobierno Federal y los afectados por el proyecto que recibirían la injusta cantidad de 7.50 pesos por metro cuadrado de sus tierras.

Desde ese momento, numerosos habitantes se opusieron rotundamente argumentando la falta de consulta a los pobladores además de la amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia y, sobre todo, lo más valioso que habían heredado de sus abuelos: la tierra. Ante el anuncio de la expropiación de sus terrenos, los opositores decidieron organizarse formando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.


El conflicto se desarrolla en el marco de agresivas políticas de inversión hacia la privatización de la tierra, políticas neoliberales que privilegian al mercado y no el uso colectivo y el fomento al campo, así como en un contexto de fuerte criminalización de los movimientos sociales como estrategia preferente del Estado para responder a demandas, movilizaciones y reivindicaciones de organizaciones, pueblos y comunidades. El conflicto se desarrolla además a través de la estructura estatal, afectada por la corrupción y un sistema jurídico parcial e influido claramente por las fuerzas políticas que debilitan su autonomía del resto de poderes públicos.

Tras varios meses de lucha y movilizaciones que contaron con un masivo apoyo de varios sectores de la sociedad civil mexicana, después del asesinato de uno de sus integrantes - Enrique Espinosa Juárez- y de una fuerte discusión en la opinión pública, en agosto de 2002 el gobierno federal tuvo que retirar el decreto expropiatorio, consignando un triunfo al movimiento campesino y de pobladores de Atenco y otras comunidades y pueblos de la región.

Sin embargo, el 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policiaco ordenado por el gobierno federal, del estado de México, y del gobierno municipal de Texcoco, con más de 4,500 efectivos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales en Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México.

Los sucesos represivos de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, han tenido enormes repercusiones en materia de derechos humanos y un importante repudio público a la represión contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de la otra campaña, que arrojó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales, tortura y cateos ilegales. Cabe resaltar que veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas en los hechos, han denunciado ser víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte de los policías que las custodiaban, algunos de ellos ahora exonerados, por lo que 11 de ellas han decidido acudir a la Comisión Interamericana de derechos Humanos, órgano autónomo perteneciente a la Organización de Estados Americanos buscando justicia ante el Estado mexicano. Sin embargo, el caso de las mujeres, así como de resto de violaciones a los derechos humanos siguen hasta hoy, impunes.  

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